Uno de los grandes retos que tiene por delante la institución ante los
cambios que se avecinan consiste en hacer del sistema de control interno un
mecanismo eficiente y eficaz, haciéndolo formar parte de la esencia de la
misma, que trasluzca en el empeño de realizar una gestión transparente y
efectiva, que fortalezca el manejo de sus recursos financieros y patrimoniales.
Los actuales cambios en la cultura sociopolítica del país hacen cada día
más exigentes los controles que sobre la cosa pública han de administrar las
instituciones. El sistema de Control interno viene dado por las directrices de
la Ley de Control Interno de la Contraloría General de la República Bolivariana
de Venezuela y por toda una serie de normas que de ella se desprenden. Estas
normas establecen las pautas básicas y guían el accionar de las entidades del
sector público hacia la búsqueda de la efectividad, eficiencia y economía en las
operaciones.
La institución es sensible a estos cambios y se encuentra en un proceso
de reordenación y simplificación administrativa, dentro del cual el
mejoramiento de sus sistemas de control cobra una importancia substancial
como instrumento principal de evaluación del cumplimiento de los objetivos
y metas institucionales.
En ese campo se han venido detectando y corrigiendo debilidades en la
normatividad que puedan constituir obstáculos o riesgos, tanto en el
cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y autoridades como en
el alcance de los objetivos institucionales, a fin de perfeccionar el marco
jurídico universitario.
Como medidas paralelas al trabajo realizado a la unidad
correspondiente se promoverá el establecimiento de políticas y
procedimientos específicos que normen el quehacer universitario, y se
fortalecerán los mecanismos de control interno que garanticen transparencia
en la aplicación de recursos destinados a la inversión en obra pública y
adquisiciones, que perfeccionen los procesos de supervisión en este rubro, a
través de las Contralorías Sociales Universitarias que cuentan con la presencia
y representación de estudiantes, empleados, obreros, docentes y cuerpo
directivo.
La Auditoría Interna, como Unidad de control interno posterior y como
oficina periférica sectorial del órgano rector del control gubernamental, tiene
como objetivos generales de corto, mediano y largo alcance:
− Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de
administración e información y los procedimientos de control
incorporados a ellos.
− Determinar la Confiabilidad de los registros y estados financieros de la
Institución.
− Analizar los resultados y eficiencia de las operaciones.
Y de forma combinada o integral:
− Informe de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros.
− Informes de Evaluación de los Sistemas de Administración y Control.
− Informes de Auditoria Especial.
− Informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en
los Informes de Auditoría Interna realizados por el MPPEU
Se fortalecerán los mecanismos para revisar y evaluar la congruencia
entre cada proyecto presupuestario respecto a la planificación (Plan operativo
anual).
Se implantarán mecanismos de control interno ágiles y flexibles, que
permitan a cada titular de dependencia administrativa o entidad académica
evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos
en sus programas de trabajo haciendo efectivo el control previo de las
operaciones.
En concordancia con el desarrollo de la plataforma tecnológica
institucional se iniciará el proyecto de sistematización y automatización de los
procedimientos de auditoría y su adecuación al concepto de auditoría integral.
RESGUARDO DE LOS BIENES PÚBLICOS
Se trabajará en torno de la actualización del registro del patrimonio, se
reestructurará el sistema de registro actual
Se establecerá un sistema de control interno mediante el uso de la
tecnología que permita la rápida ubicación de los bienes institucionales y su
identificación.
Se promoverá a los titulares de las entidades académicas y
dependencias administrativas cumplir con su responsabilidad de control
patrimonial de acuerdo con la Ley Orgánica, y la implantación de un programa
de administración de riesgos que establezca medidas preventivas y la
contratación de pólizas de seguro para los bienes, cuando así sea necesario.